La cuestión es cómo un dictamen no vinculante puede alterar las condiciones de inversión, contratación energética y operación de los centros de datos en España.
Un dictamen aprobado, pero todavía sin contenido público
El pleno del Consejo de Estado aprobó por unanimidad su dictamen sobre el real decreto que regulará los requisitos de sostenibilidad energética, medioambiental, resiliencia y soberanía digital de los centros de datos. Al cierre de la información, no se había hecho público el contenido y tampoco se sabía si la posición común coincidía con el texto remitido por el Gobierno. El dictamen no es vinculante: el Ejecutivo puede apartarse de sus recomendaciones, aunque estas pueden influir en la redacción final y en la valoración de los riesgos jurídicos. El trámite, por tanto, no aprueba todavía la norma ni resuelve las condiciones que deberán afrontar los proyectos.
La energía pasa a ser una condición de puesta en marcha
El borrador analizado vincula la puesta en marcha de los centros de datos a nueva generación eléctrica capaz de cubrir el 80% de su consumo en cada hora de funcionamiento. Esa cobertura debe apoyarse en planes de compras a plazo de al menos 6 años, conocidos como PPAs, y completarse con baterías para trasladar energía solar de las horas centrales del día a la noche. El mecanismo convierte el suministro energético en una condición operativa del proyecto, no solo en un coste de explotación. Para empresas que contraten energía, almacenamiento o generación asociada, la norma puede cambiar el alcance y el calendario de esos acuerdos.
El régimen transitorio exige contratos y flexibilidad de red
El texto prevé un régimen transitorio hasta 2031. Los proyectos acogidos tendrían que acreditar un 60% de generación nueva y renovable durante las horas punta de su nivel de tensión hasta el 31 de diciembre de 2028. Después, y hasta 2031, el porcentaje subiría al 70% durante las horas punta y llanas. También deberían ponerse a disposición de Red Eléctrica para una gestión flexible, incluida la desconexión cuando el sistema lo necesitase. A diferencia de las grandes industrias, que reciben una retribución por participar en el Sistema de Reducción Automática de Potencia, los centros de datos no cobrarían por cumplir esa condición y serían la primera tipología desconectada.
La tramitación puede decidir el calendario de los proyectos
Spain DC sostiene que el borrador amenaza inversiones anunciadas por 67.000 millones de euros y afirmó que 9.000 millones ya habían buscado otros destinos por la inseguridad jurídica. Félix Plasencia, socio de Cuatrecasas, señaló posibles problemas de tramitación, habilitación legal y proporcionalidad, entre ellos la ausencia de una consulta a Bruselas, la urgencia poco justificada y cambios sustanciales posteriores a la audiencia pública. Son advertencias de la patronal y de un abogado, no hechos acreditados por una resolución judicial. Si el Gobierno aprueba la norma antes de las elecciones del 29 de noviembre sin modificarla, las empresas anuncian recursos; si la reescribe, dispone de tres semanas para volver a someterla a consulta pública.
IN NUMBERS
El caso muestra cómo una regulación sectorial puede trasladarse directamente a la contratación empresarial: PPAs, baterías, generación renovable y capacidad de respuesta ante Red Eléctrica pasan a formar parte de la planificación del proyecto. La decisión final del Gobierno determinará qué obligaciones serán exigibles y con qué calendario.
Reported from lavanguardia.com, 2026-11-06. The Tender Wire is published by Otnox.
